Como os supongo informados de lo que ocurre en Andújar en líneas generales, será fácil aproximaros al asunto de hoy, relacionado con las subidas del nivel del agua del Guadalquivir y las consecuencias que de éstas se derivan, especialmente sobre La Isla, La Ropera y, este año también, en El Sotillo, en donde, además de llevarse por delante la totalidad de los cultivos, las aguas entraron en la práctica totalidad de las viviendas, alcanzando niveles que superaron en algunas de ellas el metro de altura. Evidentemente, nos encontramos ante una situación de catástrofe que merece ser tratada como tal por quienes sustentan el poder político en las instituciones democráticas habilitadas al efecto. Si aceptamos como válida la interpretación que sobre estas riadas hacen los agricultores afectados, que no son otros que los viven junto al río casi toda su vida, la causante de tanto destrozo es la presa de Marmolejo, denominada así por estar en el término municipal de esta ciudad. Ésta interviene en la subida del nivel del agua sencillamente porque, acumulando desde hace años miles de metros cúbicos de sedimentos, porque debemos recordar que la Compañía Sevillana de Electricidad, ahora Endesa, nunca ha cumplido con sus obligaciones limpiando el fondo de la citada presa, lo que ha contribuido a que en el momento que las aguas de lluvia caen de forma intensa y superan las cantidades habituales, que suelen estar en unos cuatrocientos metros cuadrados repartidos a lo largo de todo el año, se disparan las alarmas entre los propietarios de esas tierras porque conocen por experiencia las consecuencias que devienen de la situación.
Sin embargo, en las anteriores inundaciones de la década de los noventa nadie quiso reconocer la presencia negativa de la dichosa presa y, consecuentemente, pocos fueron los que sacaron la cara por los damnificados. De hecho, tuvieron que pasar ocho años para que les fueran abonadas las indemnizaciones por parte de Sevillana, que lo hizo a regañadientes. El Partido Popular, que era quien sustentaba el poder en España, no interpretó su papel como debía, acudiendo a subterfugios de todo tipo y dejando de avanzadilla al por entonces congresista Luis de Torres, que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, limitándose a engañar a los afectados asegurándoles que los defendería en el Congreso para luego en el hemiciclo afirmar que nadie mejor que él, que para eso había sido alcalde de la ciudad, conocía el asunto y que a las demandas de los agricultores no había que hacerles caso. Afortunadamente, como las actas de las sesiones se conservan, éstos pudieron tener acceso a ellas y entonces conocieron las dos posturas de este representante político. Cierto que consiguió, no obstante, una importante inversión económica para, decían desde el Partido Popular, acabar con el problema del río por años, pero los movimientos de tierra que se efectuaron finalmente no sirvieron para nada. Y lo confirma el hecho de que aún estemos hablando de lo mismo después de transcurridos doce años.
Ahora parece que el tema de la presa de Marmolejo ha entrado en una dinámica claramente diferente, ya que la Agencia Andaluza del Agua ha reconocido, después del estudio técnico que mandó realizar y conocer sus resultados, que ésta interviene decisivamente en el devenir de las aguas y que, consecuentemente, es aconsejable su derribo. Esto quiere decir, siempre según los responsables de la Agencia, que se ha iniciado el proceso de reversión de la concesión administrativa de cesión a Endesa que recibió allá por los años cincuenta. Evidentemente, no se trata de una situación que cambiará de un día para otro; al contrario, necesitará de meses, si no de años, para que sea la Agencia Andaluza del Agua la que decida su futuro.
Sin embargo, todo no iban a ser buenas noticias: ha aparecido en el horizonte el fantasma de las indemnizaciones a los afectados y por el momento los agricultores tratan de conseguir que los responsables políticos integren en las conversaciones este tema. De hecho, dispuestos están a echarse a la calle a protagonizar todo tipo de apariciones públicas con el fin de llamar la atención y la solidaridad de la ciudadanía para su causa. No obstante, si tenemos en cuenta que el Partido Popular permitió que transcurrieran nada menos que ocho años hasta que abonó las correspondientes a su gobierno, tampoco deberían de preocuparse en exceso. Personalmente, estoy convencido de que existe una serie implicación política de quienes deben vigilar el desarrollo que sigue este proceso y todo indica que pronto se conocerán los resultados. En cuanto a si existe o no un acuerdo entre Sevillana y el Partido Popular, según el cual se comprometieron a no pagar más indemnizaciones a quienes resultaran afectados por nuevas riadas, los afectados esperan conocer el resultado de sus pesquisas para tomar medidas. Desde luego, de ser así, aparte de ser ilegal porque una de las partes no conocía su existencia y, por otro lado, no se elevó a documento público, se trataría de una fechoría digna de malas personas.
Sin embargo, en las anteriores inundaciones de la década de los noventa nadie quiso reconocer la presencia negativa de la dichosa presa y, consecuentemente, pocos fueron los que sacaron la cara por los damnificados. De hecho, tuvieron que pasar ocho años para que les fueran abonadas las indemnizaciones por parte de Sevillana, que lo hizo a regañadientes. El Partido Popular, que era quien sustentaba el poder en España, no interpretó su papel como debía, acudiendo a subterfugios de todo tipo y dejando de avanzadilla al por entonces congresista Luis de Torres, que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, limitándose a engañar a los afectados asegurándoles que los defendería en el Congreso para luego en el hemiciclo afirmar que nadie mejor que él, que para eso había sido alcalde de la ciudad, conocía el asunto y que a las demandas de los agricultores no había que hacerles caso. Afortunadamente, como las actas de las sesiones se conservan, éstos pudieron tener acceso a ellas y entonces conocieron las dos posturas de este representante político. Cierto que consiguió, no obstante, una importante inversión económica para, decían desde el Partido Popular, acabar con el problema del río por años, pero los movimientos de tierra que se efectuaron finalmente no sirvieron para nada. Y lo confirma el hecho de que aún estemos hablando de lo mismo después de transcurridos doce años.
Ahora parece que el tema de la presa de Marmolejo ha entrado en una dinámica claramente diferente, ya que la Agencia Andaluza del Agua ha reconocido, después del estudio técnico que mandó realizar y conocer sus resultados, que ésta interviene decisivamente en el devenir de las aguas y que, consecuentemente, es aconsejable su derribo. Esto quiere decir, siempre según los responsables de la Agencia, que se ha iniciado el proceso de reversión de la concesión administrativa de cesión a Endesa que recibió allá por los años cincuenta. Evidentemente, no se trata de una situación que cambiará de un día para otro; al contrario, necesitará de meses, si no de años, para que sea la Agencia Andaluza del Agua la que decida su futuro.
Sin embargo, todo no iban a ser buenas noticias: ha aparecido en el horizonte el fantasma de las indemnizaciones a los afectados y por el momento los agricultores tratan de conseguir que los responsables políticos integren en las conversaciones este tema. De hecho, dispuestos están a echarse a la calle a protagonizar todo tipo de apariciones públicas con el fin de llamar la atención y la solidaridad de la ciudadanía para su causa. No obstante, si tenemos en cuenta que el Partido Popular permitió que transcurrieran nada menos que ocho años hasta que abonó las correspondientes a su gobierno, tampoco deberían de preocuparse en exceso. Personalmente, estoy convencido de que existe una serie implicación política de quienes deben vigilar el desarrollo que sigue este proceso y todo indica que pronto se conocerán los resultados. En cuanto a si existe o no un acuerdo entre Sevillana y el Partido Popular, según el cual se comprometieron a no pagar más indemnizaciones a quienes resultaran afectados por nuevas riadas, los afectados esperan conocer el resultado de sus pesquisas para tomar medidas. Desde luego, de ser así, aparte de ser ilegal porque una de las partes no conocía su existencia y, por otro lado, no se elevó a documento público, se trataría de una fechoría digna de malas personas.